La reciente turbulencia en el mercado de materias primas y productos de construcción, exacerbada por la pandemia de COVID-19 y la crisis en Ucrania, ha desencadenado una situación inflacionista que ha impactado significativamente en los contratos públicos de obras. La demanda creciente, combinada con la escasez de materiales y el aumento de costos de energía y transporte, ha llevado a retrasos, cancelaciones y desequilibrios económicos en numerosos proyectos.

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en el último trimestre de 2021, un 94% de las empresas encuestadas sufrieron el desequilibrio económico en sus proyectos, el 75% padeció retrasos de hasta tres meses en la llegada de materiales básicos, y cuatro de cada diez cancelaron o paralizaron obras.

Para abordar estos desafíos, se han implementado medidas excepcionales, como la revisión extraordinaria de precios en contratos públicos de obras. Sin embargo, la ejecución de estas medidas ha enfrentado obstáculos, especialmente debido a la discrepancia entre los índices provisionales de precios y los oficiales. Esta brecha ha generado incertidumbre y desconfianza, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y claridad en los procesos de cálculo.

A pesar de estas dificultades, se han identificado posibles soluciones. Una de ellas implica una colaboración más estrecha entre contratistas y órganos de contratación para abordar las discrepancias en los índices de precios y mejorar los procedimientos de cálculo. Además, se destaca la importancia de brindar apoyo y orientación a los contratistas para cumplir con los requisitos de presentación de solicitudes de revisión de precios.

En conclusión, aunque persisten desafíos, el diálogo abierto y la búsqueda continua de soluciones son fundamentales para promover la equidad y la eficiencia en la ejecución de contratos públicos de obras en tiempos de turbulencia económica.